“Subvenção governamental para fazer campanhas racistas, machistas e homofóbicas”

“Associação católica recebe subvenção para para fazer campanha racista, contra a comunidade LGTBIQ+ e aos direitos da mulher. Isto vai frontal e radicalmente contra os direitos humanos, da familia, da infância, da igualdade de oportunidades e tolerância”

hazte

Autobús de la plataforma HazteOír.org que recorre varias ciudades de España con lemas rotulados contra los niños transexuales

El Gobierno, “de momento, no se ha planteado” retirar la “utilidad pública” a Hazte Oír

El Gobierno de Pedro Sánchez, “de momento, no se ha planteado” retirar la declaración de “titularidad pública” a la asociación ultracatólica Hazte Oír, por la cual puede recibir subvenciones pese a centrar sus campañas que se centran en ideas racistas y homófobas.

Así lo han confirmado desde el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska a ElPlural.com, explicando también que, llegado el momento, habría que seguir la normativa que regula el derecho de asociación, en concreto la Ley 1/2002 del 22 de marzo.

Esta posición de inacción contrasta con la beligerante que tomó el PSOE hace poco más de un año cuando exigió al Ejecutivo de Mariano Rajoy retirar esta tipificación a la organización ultracatólica en plena polémica por el autobús transfobo que intentó recorrer las carreteras españolas. Su campaña y reiterados ataques a la comunidad LGTBIQ+, así como a los derechos de la mujer, provocaron una gran movilización en contra, junto con el rechazo de algunas administraciones, no así del anterior Gobierno central. Según su propia información, esta organización homófoba dispone de un presupuesto anual que supera los 2,6 millones de euros.

En marzo de 2017 Podemos presentó una proposición no de ley en el Congreso para exigir que el Gobierno dejase de dar esta calificación de forma inmediata, petición a la que se sumó el PSOE y que al final fue aprobada por sus votos más los de Ciudadanos y ERC, pidiendo al Gobierno del Partido Popular que revocase esta declaración de utilidad pública, ya que las actividades desarrolladas por Hazte Oír son “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”.

Motivos suficientes para retirarla

Ahora, con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, el PSOE tiene la posibilidad de retirar de un plumazo la “titularidad pública” a Hazte Oír. Según la ley “la declaración será revocada, previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados” en la norma.

Hace un año, desde la oposición tenían claro que Hazte Oír no cumplía los requisitos legales para ostentar este estatus que son, entre otros, que sus fines “sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”.

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, en conversaciones con ElPlural.com, señala un paso más, y es que Hazte Oír “no hace prestación de servicios” sino que sólo se dedica a la “movilización”, por lo que se podría interpretar que tampoco está cumpliendo la normativa.

Hazte Oír no, pero otras sí

El caso de la organización ultracatólica es más llamativo si se recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy retiró la titularidad pública a otras asociaciones como con la Federación de Planificación Familiar, dedicada a hacer campañas de prevención del sida o de embarazos no deseados que sí que son de utilidad pública. La decisión de Interior, en ese momento dirigido por Juan Ignacio Zoido, partió a partir de una denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos, como recuerda Ángeles Álvarez.

Fonte: El Plural
Por: Alejandro Godoy
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